La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento al Parlamento Europeo y del Consejo, con el objetivo de establecer un sistema común para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en la Unión, de conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»), así como con las obligaciones aplicables en virtud del Derecho internacional, incluidas las relativas a la protección de los refugiados y los derechos humanos.
Según se indica en la Exposición de Motivos:
- A nivel de la UE, la política de retorno está regulada por la Directiva 2008/115/CE 5 («Directiva sobre el Retorno»). Diversos desafíos merman actualmente la eficiencia y la eficacia de los retornos, desde la ineficiencia de los procedimientos a nivel nacional hasta la insuficiente cooperación de terceros países para readmitir a sus propios nacionales.
- El proceso de retorno suele implicar a numerosas autoridades y actores, y se ha vuelto muy complejo en muchos Estados miembros.
- Establecer un sistema común y eficaz de la UE para los retornos es un pilar central del Pacto sobre Migración y Asilo. Para que cualquier sistema de gestión de la migración funcione, debe contar con una política de retorno creíble y eficaz. Cuando personas sin derecho a permanecer permanecen en la UE, se debilita todo el sistema de migración y asilo. Es injusto para quienes han respetado las normas, socava el esfuerzo de Europa por atraer y retener talento y, en última instancia, erosiona el apoyo público a las sociedades abiertas y tolerantes. Incentiva las llegadas irregulares y expone a quienes permanecen ilegalmente a condiciones precarias y a la explotación por parte de redes delictivas.
- Actualmente, solo alrededor del 20 % de los nacionales de terceros países a los que se les ha ordenado abandonar la Unión lo hacen. Las personas a las que se les ha ordenado abandonar la Unión con frecuencia eluden a las autoridades, y a menudo se trasladan a otros Estados miembros. Además, la actual disparidad de 27 sistemas nacionales de retorno diferentes, cada uno con su propio enfoque y procedimientos, socava la eficacia de los retornos a nivel de la Unión. Esto exige una revisión exhaustiva de la legislación sobre política de retorno en la UE.
En consecuencia el Parlamento y el Consejo concluye que es necesario un marco jurídico sólido y moderno que sea firme pero justo, que respete los derechos fundamentales y que proporcione a la Unión y a los Estados miembros las herramientas necesarias para devolver eficazmente a los nacionales de terceros países sin derecho a permanecer.
