El Gobierno español acaba de publicar una nota de prensa sobre la regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular.
Según la misma, el texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España ya se encuentra subido a audiencia pública. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, abre un periodo de participación ciudadana para recabar aportaciones antes de su aplicación. El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema.
El proceso estará dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud.
Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
La autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España. El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
El plazo de tramitación será de máximo 3 meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes -la cual se resolverá en un máximo de 15 días-, las personas podrán empezar a trabajar.
