Es un acto administrativo por parte de un Estado por el cual se comunica a una persona la prohibición de permanecer en el país en el que actualmente vive. La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado. Habrá de ser motivada, con indicación de los recursos que contra ella se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.