Novedades introducidas por la reforma de la ley de propiedad intelectual

Posted by on 3 noviembre, 2014 in Comercio electrónico y nuevas tecnologías | 0 comments

El Congreso de los Diputados ha aprobado  definitivamente la controvertida reforma de la Ley de propiedad intelectual (enmiendas y texto integro aquí) que incluye el ya famoso “canon AEDE”, también conocido como “tasa Google”.

TICSLos grupos de la oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el grupo popular ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas que armonizan el derecho sustantivo de los estados miembros.

Las principales novedades de esta reforma son las siguientes:

1. Golpe a los agregadores de noticias: Canon AEDE o tasa Google

Con respecto al llamado canon AEDE o tasa Google, lo que se regula en la reforma en su artículo 32.2. es el ejercicio del derecho de cita por parte de agregadores de contenidos, que no requerirá autorización, pero que generará el pago de una compensación equitativa a los editores. Esta comepnsación es además irrenunciable -la ley obliga a percibir esa compensación- que será recaudada por las entidades de gestión de derechos de autor (CEDRO principalmente). El impago de dicha compensación equitativa no permitirá iniciar un procedimiento ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Estro significa que el servicio de Google News o páginas web como Menéame probablemente dejarán de prestarse o emigrarán a otros países.

Así mismo, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica si estará sujeta a autorización.

 

2. Cierre de páginas web en vía administrativa. Prohibición de enlaces P2P

La reforma refuerza el papel de la Sección Segunda de la Comisión de la propiedad intelectual creada en el año 20011 (por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible), también conocida como Comisión Ley Sinde“. La reforma aclara las circunstancias (las presuntas infracciones) que pueden ser objeto de procedimiento administrativo; amplía las medidas que se pueden tomar para restaurar la legalidady establece sanciones para los proveedores de servicios que se niegen a cumplir con estas medidas.

En este sentido hay que destacar la adición del artículo 158 ter en donde se estipula en su parráfo 2º que “Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

Por tanto, además de los proveedores de servicios de internet que “significativamente” infringan los derechos de propiedad intelectual (esto irá determinado por el nivel de daño o el número de obras infringidas), la Comisión Sinde también será competente para examinar las reclamaciones contra los proveedores de servicios que faciliten “de una forma activa, no neutral”, la localización de los contenidos infractores, es decir, sitios web que ofrezcan listados ordenados de enlaces a archivos objeto de protección (P2P),incluso cunado los vínculos hayan sido facilitados por sus propios usuarios.

Entre las facultades de la Comisión Sinde estarán la adopción de medidas como  el cierre de la web infractora o de su proveedor de hosting, la adopción de medidas para el estrangulamiento financiero o de los medios de pago de la web, el bloquo de su acceso desde España, o incluso decretando la cancelación de su dominio .es. Los tereceros proveedores que no colaboren en la adopción de estas medidas (ISPs, proveedores de hosting o de pagos online, etc..) podrán ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros.

3. Mayor transparencia en las entidades de gestión de derechos de autor

La reforma tiene algún aspecto postivo ya que la ley examina en profundidad el régimen de transparencia y control de las organizaciones de gestión colectiva (SGAE, AISGE etc..), sometiéndolos a un mayor escrutinio por el gobierno e incluyendo unas normas de gestión más estrictas.

Entre las principales novedades:

a) Recoge un catálogo detallado y sistemático de obligaciones de las entidades de gestión respecto a sus asociados y a las Administraciones Públicas, que incluyen la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías.

b) Establece un cuadro de infracciones y sanciones que permitan exigir a las entidades de gestión responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones legales.

4. Compensación por copias privadas a cargo de los Presupuestos Generales

Otro de los aspetos más controvertidos de la reforma es la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien este sistema será transitorio a la espera de una armonización comunitaria.

Amparándose en los márgenes que se deducen de la normativa y jurisprudencia europea, permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de las copias “digitales” (a través de Internet) queda recogido en los contratos de licencia (“copias licenciadas”) suscritos en el momento de adquisición del derecho a reproducir el contenido protegido.

5. Pago por parte de las  Universidades de canones por copia privada

La reforma de la LPI le podrá costar caro a la Universidad española, concretamente entre siete y ocho millones de euros al año. La reforma crea un canon por el que las universidades, públicas y privadas, tendrán que pagar a CEDRO cinco euros al año por cada uno de los aproximadamente millón y medio de alumnos que tienen por el uso de materiales académicos en los campos virtuales (manuales y textos universitarios). El pago de este canon será independiente de las licencias otorgadas para la utilización de contenidos (por ejemplo Creative Commons).

El pago de este canon tendrá como probable consecuencia el encarecimiento de las Universidades, tanto públicas como privadas.

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